 El constitucionalista abrió el Seminario sobre Derechos Humanos en el Siglo XXI. |
La UNM recibió al constitucionalista Eduardo Barcesat, quien brindó la charla "Derechos Humanos hoy". La actividad tuvo lugar el miércoles 5 de abril como apertura del Seminario “Derechos Humanos en el Siglo XXI: Escenarios Históricos y Desafíos actuales". De amplia trayectoria en la docencia universitaria y en el campo de los Derechos Humanos, Barcesat ha trabajado como experto en este campo para la UNESCO y es actual miembro de la comisión directiva del Instituto Sampay. ¿Cuál es el rol de las universidades en materia de defensa y promoción de los Derechos Humanos? En primer lugar diría que es una experiencia nueva que comienza tras la excepcionalidad institucional del Estado Terrorista. Creo que la primera universidad latinoamericana que incorpora en su currícula una materia de Derechos Humanos es la de Lomas de Zamora. Luego, casi simultáneamente, todas las universidades |
nacionales instalaron cátedras sobre esta temática y la enseñanza se extendió a la escuela primaria y secundaria. Esto fue una contribución fundamental a la formación de conciencia del ciudadano, entendido como aquel que es titular de derechos, los conoce y los ejerce.
Este proceso abrió un abanico de posturas en cuanto a la fundamentación de los Derechos, lo que propició el debate científico y el surgimiento de diferentes posicionamientos en materia de Derechos Humanos.
En este sentido, todavía hay quienes preconizan que debe volverse exclusivamente a los derechos civiles y políticos, por ejemplo, Francis Fukuyama, célebre con su afirmación sobre el “fin de la historia”.
Obviamente, hoy más que nunca, sentimos que los derechos económicos, sociales y culturales son tan fundamentales como los civiles y políticos. Algunos de los expertos más destacados de Naciones Unidas hablan del genocidio silencioso del hambre. Evidentemente, no es ni represión civil ni política, sino una represión económica, que tiene un efecto tan o más deletéreo que la propia represión política.
¿Cuáles son los principales ejes de debate en la actualidad?
Yo creo que la palabra más importante en Derechos Humanos es “acceder”. El acceso es lo que denota que hay desposesión. Esta palabra no está en el Derecho Clásico, sino que aparece recién en el Constitucionalismo Social. Allí es donde, por primera vez, aparece una palabra que da cuenta de que hay algunos que ejercen los derechos y otros que están excluidos, no porque la norma los excluya, sino debido a la realidad social. La función sería la de incluirlos en esos derechos, afirmados en la dimensión del universal, es decir, “para todos”.
Se dice que los derechos civiles y políticos junto a los derechos económicos, sociales y culturales son inescindibles. Los pactos internacionales de Naciones Unidas, que hoy son cláusula de jerarquía constitucional en la Argentina, así lo establecen. Pero lo cierto es que, en los protocolos adjuntativos de ambos pactos, se encuentra que el de derechos civiles y políticos tiene vías jurisdiccionales de tutela. En cambio, el de derechos económicos, sociales y culturales solo tiene seguimiento, es decir, informes, recomendaciones, pero no hay una vía jurisdiccional para reclamar a ese nivel por la violación de los pactos. Quizás esta diferencia sea lo que, hoy en día, constituye el reto mayor a los juristas: bregar para que, también respecto de los derechos económicos, sociales y culturales, exista una vía de reclamo judicial que, en última instancia, asegure la efectividad del derecho.
Junto con esto, son de enorme importancia los derechos de incidencia pluripersonal o colectiva, me refiero a los recursos y riquezas naturales, al ambiente, entre otros. Ambos pactos se inician con la misma cláusula: el derecho de autodeterminación de los pueblos y el derecho a la independencia económica. En los dos se dice que los recursos y riquezas naturales son de titularidad de los pueblos. No de los estados, no de los gobiernos, de los pueblos. Sin embargo, tampoco hay ninguna norma que instrumente esto. Este es el desafío para la efectividad de los Derechos Humanos.
¿Cuál es su balance entre lo logrado y lo pendiente en materia de Derechos Humanos vinculado a la última Dictadura Militar?
Ha habido un salto cualitativo, en el gobierno anterior, al anular las leyes que impidieron la responsabilización en investigación penal de los responsables del estado terrorista en sus dos ramas, militares y civiles. Hemos logrado quebrar las leyes de clausura del espacio normativo institucional en el que debían operar verdad y justicia. Me refiero al punto final y a la obediencia debida. El juzgamiento ha sido parcial; nunca hubo un juzgamiento del cien por ciento, esto es solo una utopía. Una utopía saludable, que hay que mantenerla, pero sigue siendo una utopía.
Pero, con el cambio de gobierno, se está intentando impedir el juzgamiento de los civiles que tuvieron participación en la excepcionalidad institucional. Muchos de ellos, pese a lo que dice el artículo 36 de la Constitución Nacional, están actualmente ocupando cargos de función pública, lo que debería estar total y taxativamente prohibido. Además, ya se avizoran nuevos cambios, como que aquellos que tienen condena la cumplan en su domicilio o en establecimientos que no son carcelarios. Y, por supuesto una lentificación mayor de la justicia.